Provincia (tráfico)
Es una continua reivindicación social y administrativa de nuestro colectivo, el uso adecuado de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Fegadi lleva trabajando este tema desde su departamento de Atención Social y Accesibilidad con el fin de concienciar a los familiares y demás personas que utilizan indebidamente la tarjeta o, en el peor de los casos, una copia de la misma. Así la batalla de la administración local contra los conductores que falsifican tarjetas de aparcamiento de discapacitados, o contra los que utilizan documentos reales sin ser discapacitados, ha tomado un nuevo cariz legal en Cádiz captial. Desde el Excmo. Ayuntamiento se ha decidido abrir una ofensiva que puede tener un desenlace mucho más grave para los infractores que, finalmente, sean considerados culpables. Fegadi ha mantenido diversas reuniones con los distintos ayuntamientos de la provincia tras las denuncias trasladadas desde las Asociaciones Miembros. En Cádiz capital el procedimiento que se está siguiendo consiste en retirar los vehículos cuya tarjeta resulta sospechosa, bien por su material, por su tamaño o por su configuración trasladando el vehículo al Depósito Municipal, en el cual se deberá presentar la persona titular de la tarjeta debidamente acreditada. En el caso de no poder justificar dicha titularidad o uso de la misma (si es un familiar de la persona titular de la tarjeta), se remite denuncia a la Fiscalía previa denuncia de tráfico común, puesto que el Ministerio Público abre diligencias por falsificación de documento público. Este hecho supone según la nueva Ley de Seguridad Vial como una falta muy grave por lo que un tribunal podría considerarlo delito. Según información publicada en La Voz Digital “en lo que va de año, el Ayuntamiento de Cádiz ha retirado unos 60 vehículos aparcados en plaza reservada y con tarjeta sospechosa, de los cuales 15 casos han acabado ante la Fiscalía”. Además en palabras del Teniente de Alcalde D. José Blas, asegura que este tipo de medidas se han tomado a raíz de las «constantes peticiones de ayuda de colectivos como Fegadi», que agrupa a buena parte de los discapacitados físicos de la provincia. 
